LA SOLUCIÓN: LA INTERVENCIÓN ECONÓMICA

Entre Artur Mas y Carles Puigdemont, Cataluña ha ido de más a menos: de exigir más a conseguir menos altura socio-económica y democrática. Puigdemont, cuyo significado es “monte bajo”, sucedió a Mas, cuya tendencia fue la prepotencia o maximalismo nacionalista.

El Presidente Mas llegó el 30 de julio de 1914 a la Moncloa exigiendo más financiación para la autonomía catalana, con amenazas, en un momento de crisis, en el que el Presidente del Gobierno de España, Rajoy, consideró “imposible de realizar”, con menosprecio de la igualdad de las regiones y nacionalidades de España, rompiendo la disciplina presupuestaria y disparando el techo de gasto, que desequilibraba la balanza de compensaciones entre las regiones más y menos ricas.

Las amenazas del órdago secesionista, aducidas por Artur Mas, condujeron a la convocatoria de su fallida consulta del 9 de Noviembre, ilegal, montada sobre el supuesto “derecho a decidir”, que se enfrentaba a la soberanía del Estado de derecho español, que se funda en la Constitución de 1978, aprobada mayoritariamente por la ciudadanía de Cataluña.


El proceso de “desconexión”, emprendido por Carles Puigdemont, ha desembocado en el Proyecto de ley de referéndum, presentado por el líder catalán este 4 de Julio de 2017, en el Teatre Nacional de Catalunya y considerado por la Generalitat, “ley suprema” para proclamar la secesión del Estado español, “haya el número de votantes que haya y se vote lo que se vote”.


Nunca el autoritarismo, “a la venezolana”, llegó tan lejos, nunca la democracia cayó más bajo. Es la “huida hacia adelante”, dando un salto entre la democracia y la tiranía.

El desafío al Estado se cumple, la amenaza a Europa se manifiesta, la irrisión del mundo se vaticina como imposición de un proceso de “derecho a decidir” que intenta cuajar en un Estado de factura única, nunca conocido a nivel mundial, en aplicación no ya de una consulta o referéndum, frustrado o no, sino basado en la voluntad “vinculante” y unilateral de unos gobernantes que “deciden por todos”.


¡Her Hitler, Puigdemont!, a las órdenes de la CUP y de la Ezquerda Republicana, abrazado al activismo radical de Ana Gabriel y de Gabriel Rufián. ¡Que venga el malhadado Franco, y lo vea! No lo podrá ver Tarradellas, aquel Presidente republicano de Cataluña, que pensó en alto: “Todos los catalanes tenemos la obligación de hacer de España un gran país”.


La solución estatal para Cataluña, en este momento histórico de desmadre, cuando están seriamente amenazadas la integridad nacional y la convivencia autonómica, está, indubitablemente, en el “cierre del grifo”: el control económico. No ha lugar a ejército, ni policía, ni tribunales, ni manejo de intereses diplomáticos… Al gobierno democrático de España, constitucionalmente establecido, amparado por el Euro, le basta, de acuerdo con la Constitución, hacer valer la intervención económica de una autonomía desviada, incontrolada en el gasto, y que, por ello, está robando a todos los españoles, empezando por los catalanes. La economía del Estado, en comandita con el Tribunal Constitucional y con Europa, sabe cómo hacerlo (ejemplo, la invalidación del gasto presupuestario del referendum por el TC), informando a todas las autonomías implicadas.


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© 2017 por Javier García Suárez.