March 29, 2020

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FRENTE A LA RENUENCIA SECESIONISTA SÓLO CABE LA LEY DE EXCEPCIÓN

 

 

“Erre que erre”, “rasca que rasca” y “tiro porque me toca” … una vez más, el independentismo catalán intenta jugar con trampa y trapicheo, puesta la vista en su caudillo mesiánico Carles Puigdemont.

Su última jugada, con estrategia experimental y simbólica, ha sido la aprobación por el Parlament, con trámite de lectura única y esquinazo a la oposición, de la reforma “legal” para investir a un Presidente de la Generalitat a distancia, pese a las advertencias del Tribunal Constitucional y el dictamen contrario unánime del Consejo de Garantías Estatutarias, pudiendo el elegido operar presidencialmente desde el extranjero, o desde Marte.

 

Pero hoy, lunes, es día en que el Gobierno de España, con la garantía de Europa y de cualquier Tribunal de Derecho Constitucional, tenga que aplicar ya la adecuada ley de excepción.

 

La Ley de Excepción es una norma democrática de emergencia que se dicta por el poder legislativo para hacer frente a situaciones graves, políticas o de catástrofe, que afectan al bienestar o a la paz social.

En el caso del secesionismo catalán recalcitrante, la aplicación inmediata de una ley de excepción para solventar el peligro de su renuencia nefasta se hace más que necesaria.

 

Aparte la aplicación eficaz del Articulo 155 de la Constitución, está disponible la normativa de la Ley Orgánica 4/1981, que contempla los estados de alarma, excepción o sitio, aplicable políticamente cuando circunstancias extraordinarias hicieren imposible el mantenimiento de la normalidad democrática mediante los poderes ordinarios de la Autoridades competentes. Esta ley faculta al Gobierno de la Nación a dictar las medidas oportunas para restablecer el funcionamiento de las instituciones democráticas desviadas, actuando el Gobierno con la autorización del Congreso de los Diputados, ante el que presentará un decreto que especifique el ámbito territorial de aplicación y las medidas que prevé adoptar.

 

Cuando, una vez más el Parlament de Cataluña hace caso omiso a los poderes del Estado de Derecho, tras la aplicación del Articulo 155 y la apertura de procesos judiciales contra los protagonistas del frustrado y criminal 1-O de 2017, dando un paso más en falso en sus amenazas a la Corona de España, con pretensiones de una república imposible, con intención de investiduras telemáticas para una gobernabilidad telefónica, el Gobierno de España viene obligado a jugar la baza legal de la Ley de Excepción, que restablezca la normalidad autonómica en una región española que es la más autónoma, aunque la más endeudada, de Europa.

 

Cuando el Rey Felipe VI acusó al Gobierno de la Generalitat de “deslealtad inadmisible”, en su Mensaje del 3 de Octubre de 2017, estaba haciendo una llamada inapelable a asegurar el orden constitucional, apelando a la necesidad que tiene el Estado de Derecho Español de hacer cumplir el deber de lealtad autonómica, que se funda en el acatamiento que obliga a los cargos públicos de las autonomías a gobernar ejerciendo el poder transferido con fidelidad a la Constitución, la cual valida sus nombramientos. Así lo hizo, todavía en el año 2012, el entonces Presidente autonómico Artur Más, empleando la fórmula adecuada: “Prometo por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de Presidente de la Generalitat de Cataluña, con fidelidad al Rey, a la Constitución, al Estatuto de Autonomía y … con plena fidelidad al pueblo de Cataluña”.

 

Las autonomías juran lealtad a la Constitución comprometiéndose a la defensa de los derechos y libertades de todos sus ciudadanos. Un partido ganador, o una coalición, no pueden gobernar despóticamente, imponiendo su programa propio sin respeto a las voluntades y a las necesidades de una población mayoritaria, que democráticamente no participe o esté mínimamente representada.

 

El independentismo oligárquico de Cataluña gobierna con una mayoría parlamentaria que representa una minoría social (2 millones de habitantes frente a 7,5 millones), que han conseguido el poder para la imposición de una pseudo república, montada por grupos de presión que manejan la gobernabilidad de Cataluña con el apoyo interesado de grupos preparados para organizar movilizaciones de masas favorables a un patriotismo doctrinario, fomentado en las escuelas y que consigue el consenso de asociaciones financieramente dependientes de la Generalitat con gasto sectario del dinero público. Díganlo: la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI), que malgastan el erario en movilizaciones fanáticas; las asociaciones civiles independentistas (ANC y OMNIUM), que no hacen públicas sus cuentas; los Mossos de Escuadra, obedientes a los jefes del secesionismo; la clerecía que permite misas del “Si al Referéndum” y esteladas en los campanarios; los sindicatos estatales, CCOO y UGT, que se manifiestan por los políticos presos; los arranes de la CUP que queman imágenes del Monarca, Conde de Barcelona; el equipo de futbol, “más que un club”, campeón de la Liga española, que reparten silbatos para la ofensa al himno del Estado… Todos ellos son grupos de presión que forman parte de una oligarquía que vive del montaje de un ‘procés’ de ruptura con España y de salida de Europa.

Proceso secesionista, continuado y fanático, que está reclamando la aplicación inmediata de una ley de excepción, que acabe con el problema.

 

*José Luis Suárez Rodríguez es Doctor en Ciencias de la Educación. Analista Político. Asesor.

Director de www.masespaña.es

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